La situación en las instalaciones de Campanar no puede ser más caótica. Toda la segunda fila de cargos públicos de la conselleria de Educación se ha marchado. A ello debemos sumar la LOMCE y los decretos aprobados en julio, a sólo dos meses de comenzar un curso que se presume imprevisible y confuso. Los libros de texto están por fijar y los profesores se encuentran sin poder planificar cómo comenzarán las actividades.

Adelantar el curso, todavía más, con motivo del traslado de los exámenes de septiembre a julio, complica aún más la cuestión. Y es que ni siquiera en la enseñanza privada se va a poder cumplir el convenio con el profesorado. Ante esta situación, los segundos escalones, miembros del servicio de inspección, y sabedores de lo que se les viene encima, se han apartado. Saben que la situación es ingobernable, que eran tripulantes de un barco a la deriva cuyo capitán/a desconoce qué trascendencia tiene todo lo que está pasando.

En lo relativo a la financiación de la ley, el ministro Wert ya ha adelantado a las comunidades que, como el dinero viene de Bruselas, primero que gasten las autonomías y luego ya les pagarán  las facturas. Difícil coyuntura en una administración, la valenciana, a la que no es precisamente financiación aquello que le que sobra, y menos aún, liquidez y tesorería. Y todo ello, con un profesorado desmoralizado y minorado en efectivos y en convicciones. Poco se puede hacer.

El alumnado y los padres, que saben que todo el coste de los cambios, o buena parte, van a tener que sufragarlo ellos, sienten vértigo ante tanta incertidumbre. Sólo en los centros privados concertados pueden confiar en que la educación que reciban sus hijos se mantenga en unas coordenadas homogéneas. Forman parte de un plan de escolarización gracias al cual, el centro ha escogido a aquellos alumnos que le interesan. Pagarán, sí, más incluso, pero estarán a buen recaudo. Si los profesores tienen que trabajar más, con más ratio, con menos vacaciones, en peores condiciones, eso poco importa.

Estamos ante el final de un proceso de degradación de la educación, consumado con la separación en dos redes escolares y la implantación de la discriminación por sexos. Una decisión que se ha tomado a pesar de una sentencia del Tribunal Supremo, amparada torticeramente por una ley claramente inconstitucional en este punto.

El resultado de esta gestión será que, por un lado nos encontraremos con algún colegio de élite que, garantizadas sus subvenciones, podrá seguir manteniendo unas condiciones razonables. En el otro lado, la educación pública se verá degradada por todos los ángulos, dirigida sólo para los pobres, y con carácter asistencial. Como decía el parte de guerra de 1939: “alcanzadas las últimas posiciones”, ya poco queda por hacer.

Por eso se van los del segundo escalón de la conselleria, porque el caos posterior ya no quieren administrarlo. Son 20 años de deconstrucción de un servicio público universal y gratuito. La consellera ha decidido cubrir sus dimisiones con amigos torrentinos. ¿Acabaremos cómo en las películas de Santiago Segura?